Washington cooperó con la Corte en Sudán, Libia y Rusia, pero ahora presiona a países africanos para desmantelarla tras las órdenes contra Netanyahu.
No se trata de un descubrimiento súbito de “sesgo” africano. Durante años Estados Unidos cooperó selectivamente con la Corte Penal Internacional (CPI) en los casos que le interesaban. Apoyó la investigación sobre Darfur en Sudán (referida por el Consejo de Seguridad de la ONU), colaboró en el caso de Libia y respaldó las actuaciones contra Rusia tras la orden de detención contra Vladimir Putin. El cambio llega cuando la Corte se atreve a investigar a Israel. La hipocresía es evidente: la misma potencia que rechaza la jurisdicción sobre sus propios ciudadanos y militares ahora utiliza a países africanos para castigar a la institución.
En julio de 2026 el secretario de Estado Marco Rubio anunció una campaña de “todo el gobierno” para “desmantelar” la CPI “ladrillo a ladrillo” y “sistemáticamente incapacitar” su funcionamiento. Poco después, Chad notificó su retirada del Estatuto de Roma. El propio gobierno chadiano reconoció que la decisión siguió a una llamada del subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos, Frank W. Garcia Jr., quien le pidió reconsiderar la membresía. Venezuela había anunciado lo mismo días antes. Antes, en 2025, Burkina Faso, Malí y Níger iniciaron el proceso de retiro. Washington ha sancionado a funcionarios de la CPI, amenazado con consecuencias a quienes se nieguen a salir y pedido explícitamente a sus socios que rechacen cualquier jurisdicción de la Corte sobre personal estadounidense.
Los números que exponen la doble moral
Hoy 125 Estados son partes del Estatuto de Roma. De ellos, 33 son africanos, la mayor representación regional. Esa presencia numérica ha sido durante años una de las principales fuentes de legitimidad de la institución. Sin embargo, el historial de la CPI estuvo durante mucho tiempo concentrado en África: la mayoría de las investigaciones y de las órdenes de detención involucraron a africanos. Chad señaló que de los sospechosos en custodia, seis estaban vinculados a casos africanos.
El fiscal Karim Khan reveló en 2024 que un alto dirigente occidental le dijo sin rodeos: “Esta corte está hecha para África y para matones como Putin”. La frase resume la lógica que Washington aplicó mientras la CPI investigaba a los que le convenían. Cuando esa misma Corte emitió en noviembre de 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, la tolerancia desapareció.
EE.UU. nunca ratificó el Estatuto de Roma. Ha mantenido durante décadas una posición de rechazo absoluto a cualquier jurisdicción sobre sus ciudadanos y militares (incluso con legislación que autoriza el uso de la fuerza para liberarlos). Sin embargo, cuando la CPI actuó contra aliados de Washington, la institución pasó de ser un instrumento útil a convertirse en una amenaza que hay que destruir. Y para destruirla, Estados Unidos ha decidido presionar precisamente a los países africanos que durante años le dieron legitimidad numérica.
El uso de África como instrumento
La crítica africana a la selectividad de la CPI no es nueva ni inventada por Washington. Existe desde hace más de una década. Varios casos africanos fueron incluso referidos voluntariamente por los propios gobiernos del continente. Pero la ofensiva actual de EE.UU. no busca corregir ese sesgo histórico. Busca debilitar a una institución que, por primera vez de forma clara, tocó a un aliado estratégico.
Chad, Venezuela y los países del Sahel se convierten así en piezas de una estrategia más amplia: reducir la base de apoyo de la CPI para que deje de ser operativa. No se trata de defender la soberanía africana. Se trata de castigar a la Corte por haber cruzado una línea roja: investigar a Israel.
La lección es clara. Mientras la justicia internacional se mida por la conveniencia de las potencias que no se someten a ella, los países del Sur seguirán siendo, alternativamente, el escenario o el instrumento. La respuesta soberana no es abandonar la búsqueda de rendición de cuentas, sino dejar de subordinarla a la aprobación de quienes solo la defienden cuando les sirve.
