La denuncia de Neftalí Nkogo en la Asamblea de la FEGUIFUT ha destapado un problema estructural: periodistas de medios estatales que cobran de las federaciones para dirigir su comunicación, neutralizando así cualquier posibilidad de fiscalización mediática independiente.
Malabo, 31 de agosto de 2026
La denuncia de Neftalí Nkogo sobre una supuesta nómina paralela en la FEGUIFUT ha vuelto a poner sobre la mesa una práctica que va más allá de un simple problema contable: periodistas vinculados a medios estatales que, al mismo tiempo, asumen la dirección de la comunicación institucional de las federaciones deportivas.
No es un caso aislado. Es un patrón. Y el patrón revela un problema de fondo: el periodismo estatal ha dejado de ser un contrapeso para convertirse en un escudo de las instituciones que debería fiscalizar.
Un mismo periodista, dos roles incompatibles
El esquema que Nkogo describió en su intervención —profesionales de la televisión pública que perciben «ingente cantidad de dinero» procedente de las arcas federativas— señala un patrón que excede el caso concreto de la FEGUIFUT: periodistas que trabajan para el Estado y que, en paralelo, dirigen o gestionan la comunicación de organismos deportivos que ese mismo Estado financia y debería fiscalizar.
Esta doble función plantea un conflicto de intereses evidente:
| Lo que debería hacer el periodista | Lo que hace cuando cobra de la federación |
|---|---|
| Informar con independencia | Gestionar el mensaje institucional |
| Fiscalizar la gestión pública | Defender la gestión de la federación |
| Preguntar por el destino de los fondos | Construir el relato que los justifica |
El resultado es previsible: quien firma la nómina deja de ser noticia crítica y pasa a ser cliente.
El silencio como forma de gestión de crisis
La propia Asamblea de la FEGUIFUT permite observar el mecanismo en acción. Mientras el informe financiero reconocía un déficit de 456,6 millones de francos CFA y una dependencia del 98% de las aportaciones institucionales, la cobertura mediática habitual de la Federación en los medios estatales rara vez profundiza en estos datos o en las causas que los explican.
La información fluye hacia la ciudadanía filtrada por quienes, a la vez, cobran de la propia institución que deberían fiscalizar.
| Lo que la ciudadanía ve | Lo que no ve |
|---|---|
| Noticias oficiales sobre actividades deportivas | Denuncias sobre mala gestión |
| Declaraciones de los dirigentes | Informes financieros que revelan déficit |
| Relatos de éxito | Irregularidades y conflictos de intereses |
El planteamiento de Nkogo no solo denuncia un gasto cuestionable: apunta a una arquitectura de comunicación diseñada para amortiguar el impacto público de la mala gestión.
De informadores a defensores de la gestión
Bajo esta lógica, estos comunicadores dejan de operar como periodistas independientes y pasan a ejercer, de facto, como relaciones públicas de las federaciones que deberían someter a escrutinio. No se trata solo de que dejen de informar sobre irregularidades: al construir el relato oficial de esas mismas instituciones, terminan convertidos en defensores activos de su gestión, incluida la deficiente.
Esta dinámica tiene un efecto directo sobre la ciudadanía: la desinformación no surge únicamente de lo que se oculta, sino de lo que se presenta de forma sesgada o incompleta. Una población que solo accede a la versión institucional de los hechos —redactada por quienes cobran de esa institución— difícilmente puede ejercer un control social real sobre cómo se gestionan los fondos públicos y semipúblicos destinados al deporte.
Un debate que trasciende a la FEGUIFUT
Lo ocurrido en la Asamblea de la FEGUIFUT sirve como ejemplo concreto de un problema estructural que podría repetirse en otras federaciones deportivas del país. Mientras no se establezcan mecanismos claros que separen el ejercicio del periodismo del trabajo remunerado en comunicación institucional, el riesgo de que la fiscalización mediática se convierta en un obstáculo más para la transparencia seguirá presente.
La exigencia planteada por varios miembros de la Asamblea —disponer de información detallada y fiable para poder votar y decidir con conocimiento de causa— choca así con un sistema en el que parte de la información pública sobre estas instituciones pasa, precisamente, por manos que tienen un incentivo económico directo para no cuestionarlas.
La pregunta que debe quedar en el aire
«¿Cómo puede el periodismo estatal fiscalizar a las instituciones cuando quienes deberían informar son los mismos que cobran de ellas?»
Conclusión
La denuncia de Neftalí Nkogo no es un problema contable. Es la prueba de que el periodismo estatal en Guinea Ecuatorial ha sido secuestrado por el sistema que debería fiscalizar. Los periodistas que cobran de las federaciones para dirigir su comunicación no pueden ser independientes. Son relaciones públicas disfrazadas de informadores.
Mientras esta arquitectura de silencio se mantenga, la ciudadanía seguirá sin acceso a la información que necesita para exigir cuentas. Y las federaciones seguirán gestionando fondos públicos sin el escrutinio que merecen.
No es un problema de una federación. Es un problema de un sistema que ha convertido a los periodistas en defensores de las instituciones que deberían investigar.
Por Una Guinea Mejor – Informar es proteger.
