El centro privado niega el acceso a evaluaciones a alumnos con deudas pendientes, desatando críticas por la falta de aviso previo y el oportunismo en plena recta final del curso.
En el Centro Privado Madre Victoria de Bata, ubicado junto al colegio Santo Ángel, el tercer trimestre ha estado marcado por una polémica que pone en tela de juicio las prácticas administrativas del instituto. Varios estudiantes han denunciado que, sin previo aviso durante el curso, la dirección ha decidido impedirles presentarse a los exámenes finales por adeudos pendientes de matrícula. Lo más grave: esta medida se aplica en plena semana de evaluaciones, dejando a decenas de jóvenes fuera de las aulas sin oportunidad de recuperar las pruebas perdidas, incluso si regularizan su situación después.
Una estrategia cuestionable
Según testimonios recogidos, el centro no emitió recordatorios formales sobre los pagos durante el trimestre, sino que esperó hasta el momento crítico de los exámenes para publicar listas de morosos y exigir el pago bajo la amenaza de exclusión académica. Docentes incluso habrían advertido que, pese a pagar después, los exámenes no serían repetidos, lo que afectaría irremediablemente las notas finales.
Esta actitud ha sido calificada por las familias como un «chantaje emocional y académico», pues condiciona el derecho a la evaluación –y por ende, al cierre del año escolar– a una deuda que, alegan, pudo gestionarse con transparencia y plazos claros desde meses atrás. «Si el problema era el dinero, ¿por qué no nos lo dijeron en enero o abril? Prefieren esperar a asustarnos con los exámenes», reclama un estudiante afectado.
¿Legalidad o arbitrariedad?
Aunque los colegios privados tienen autonomía para establecer normas de cobranza, especialistas en derecho educativo señalan que negar el acceso a exámenes sin previo aviso podría vulnerar principios de proporcionalidad y debido proceso. «Retener boletines o diplomas es una medida común para presionar el pago, pero bloquear evaluaciones esenciales sin dar oportunidad de regularización es éticamente reprochable», explica un abogado consultado.
Además, la falta de comunicación previa sugiere una gestión administrativa negligente. Si el objetivo era garantizar el cumplimiento económico, el centro debió actuar con anticipación, no aprovechando la presión psicológica de los exámenes.
Un llamado a la reflexión
El caso del Madre Victoria expone un patrón recurrente en algunas instituciones privadas: priorizar intereses económicos sobre el bienestar educativo. Los estudiantes no son clientes en una transacción comercial; son sujetos de derecho cuyo futuro académico no debería usarse como moneda de cambio.
Las autoridades educativas de Guinea Ecuatorial deberían investigar si estas prácticas cumplen con la normativa vigente y, sobre todo, mediar para que el centro rectifique su proceder. Mientras, el mensaje para la dirección es claro: la educación se construye con equidad y diálogo, no con trampas en el calendario.
Nota final: Este artículo busca visibilizar una problemática que afecta a estudiantes vulnerables y promover un debate sobre la ética en la gestión escolar. La educación no puede ser rehén de deudas no gestionadas a tiempo.
