La Comisión Permanente de Educación, Cultura, Información y Deporte de la Cámara Alta ha mantenido una sesión de trabajo con el Ministerio de Información, Prensa, Cultura y Turismo para analizar el Proyecto de Ley Reguladora de la Libertad de Prensa y del Ejercicio del Periodismo.
Bata, 1 de octubre de 2026
La Comisión Permanente de Educación, Cultura, Información y Deporte del Senado ha comparecido con el Ministerio de Información, Prensa, Cultura y Turismo, representado por su ministro, Juan José Ekuna Esono Mangue, para esclarecer las dudas de los senadores en materia de competencias, evitar duplicidades y garantizar la plena independencia de los profesionales de la información recogidas en el Proyecto de Ley Reguladora de la Libertad de Prensa y del Ejercicio del Periodismo.
La sesión se enmarca en el trámite parlamentario de estudio en segunda lectura y en el ejercicio de fiscalización y análisis jurídico que la Cámara Alta está llevando a cabo para reforzar el control parlamentario y dotar al país de un marco normativo riguroso, coordinado y garantista.
Delimitación de competencias y seguridad jurídica
Una de las principales preocupaciones manifestadas por el Senado se ha centrado en delimitar con precisión el alcance del artículo 2 y el artículo 13 del Proyecto de Ley, evitando solapamientos con la Ley N.º 7/2005 General de Telecomunicaciones y el marco de actuación del Órgano Regulador de las Telecomunicaciones (ORTEL) .
Ante las inquietudes planteadas, el Ejecutivo explicó que la presente ley se circunscribe estrictamente al derecho fundamental de la libertad de expresión y al estatuto profesional del periodista, mientras que la organización mercantil y las concesiones de infraestructura digital y audiovisual se reservarán a un futuro desarrollo normativo.
Coordinación de licencias y armonización sancionadora
Entre las preguntas formuladas por la Comisión Permanente de Educación del Senado, se abordó la necesidad de insertar una Disposición de Coordinación explícita que regule el procedimiento de licencias audiovisuales de forma secuencial y transparente. También se trató la seguridad jurídica en el acceso a la información y archivos, así como la armonización de vías sancionadoras que clarifiquen de forma transparente la delimitación entre la potestad administrativa y la vía penal.
El Colegio de Periodistas y la protección de los profesionales
Los representantes del pueblo en la Cámara Alta se han preocupado por conocer si el futuro Colegio de Periodistas será una corporación profesional de derecho público independiente, dotada de plena autonomía organizativa y deontológica, delimitando nítidamente sus funciones disciplinarias profesionales.
En lo que concierne a la censura y a las sanciones, la Comisión Permanente preguntó al ministerio si aboga por evitar injerencias, detenciones arbitrarias o incautaciones de material periodístico al margen de una resolución judicial motivada.
La respuesta del Gobierno
El Ministro de Información explicó que el Gobierno considera que el desarrollo de un sector de medios de comunicación moderno, profesional y responsable requiere no solamente establecer las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa y del periodismo, sino también dotar a las empresas y entidades titulares de los medios de un marco jurídico claro que regule su organización, funcionamiento y responsabilidades.
En este sentido, el Proyecto de Ley tiene como finalidad fundamental establecer el marco jurídico de la libertad de prensa, garantizar el ejercicio profesional del periodismo y determinar el alcance y los límites de los derechos, deberes y responsabilidades que se derivan de dicho ejercicio.
Recomendaciones del Senado
La Comisión Permanente de Educación, Cultura, Información y Deporte ha señalado al Ministro de Información que, con las comparecencias de miembros del Ejecutivo, el Senado cumple con su labor constitucional de reforzar las herramientas legales que van a regular los derechos y libertades del pueblo al que están llamados a representar.
El Senado emitirá recomendaciones técnicas dirigidas al Gobierno para garantizar la seguridad jurídica y la delimitación de competencias en los distintos sectores en los que va a influir la futura ley.
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