Dos décadas de gestión del paludismo en Guinea Ecuatorial no han bastado para sacarlo del podio de causas de muerte, mientras MCD Global Health amplía su papel de ejecutor a asesor del propio gobierno.
Desde 2004, la organización estadounidense MCD Global Health —entonces bajo otro nombre— dirige el Proyecto de Eliminación de la Malaria de la Isla de Bioko (BIMEP), el principal programa de control del vector en Guinea Ecuatorial. Más de veinte años después, el paludismo sigue figurando entre las principales causas de muerte en el país: la Organización Mundial de la Salud estimó más de 422.800 casos y más de 750 muertes en 2023. Esa cifra, en pleno siglo XXI y tras dos décadas de intervención sostenida, es el punto de partida de cualquier análisis serio sobre el papel que ha jugado MCD en el país.
Conviene decir, para no caer en la simplificación contraria, que el balance no es de fracaso puro: la propia organización documenta una reducción del 66% en la prevalencia infantil de malaria entre 2004 y 2022, y del 78% en la transmisión en la isla de Bioko. El problema no es la ausencia de resultados, sino la distancia entre esos resultados y la meta de eliminación que se ha prometido una y otra vez, mientras el paludismo se mantiene como una de las principales causas de mortalidad del país.
De ejecutor del programa a «secretaría técnica» del gobierno
Lo que ha cambiado con el tiempo es el rol institucional de MCD. La organización ya no se limita a ejecutar la fumigación, el reparto de mosquiteras o la vigilancia entomológica. En septiembre de 2025, al presentarse la estrategia Visión 2030 del Ministerio de Sanidad, Bienestar Social e Infraestructura Sanitaria, la propia MCD anunció que continuará desempeñando un papel de liderazgo coordinando las iniciativas de esa colaboración y actuando como secretaría técnica del proceso.
Ahí está el núcleo del problema. MCD ha pasado de ser el contratista que implementa un programa a ser, al mismo tiempo, quien coordina, asesora y ayuda a diseñar la estrategia nacional que debería, entre otras cosas, evaluar el propio desempeño de MCD. Es la misma organización que lleva dos décadas gestionando el control del vector la que ahora ocupa un asiento privilegiado a la hora de definir qué se hace después, con qué socios y bajo qué criterios de éxito. Cuando el ejecutor y el evaluador de facto son la misma entidad, la pregunta de quién audita de forma verdaderamente independiente los resultados del programa deja de ser retórica.
Un ecosistema de socios que sigue creciendo
La delegación del Ministerio de Sanidad, encabezada por el ministro Mitoha Ondo’o Ayecaba, ha realizado en los últimos meses varias misiones a Estados Unidos por invitación de la Fundación Bill y Melinda Gates y de la Universidad de California, con el objetivo declarado de reforzar, proteger y modernizar el sistema nacional de salud. En paralelo, el país ha ido construyendo, con apoyo de la cooperación española, el PNUD y la plataforma DHIS2, un Sistema Nacional de Información Sanitaria que centraliza datos individualizados y agregados de pacientes, vacunación y vigilancia epidemiológica.
No hay evidencia pública de que esa arquitectura de datos se esté cediendo indebidamente a terceros, y sería injusto afirmarlo sin pruebas. Pero sí es razonable preguntar, como cuestión de política pública, quién tiene acceso a esa información sanitaria, bajo qué salvaguardas, y qué capacidad de control retiene efectivamente el Estado ecuatoguineano sobre un sistema construido con financiación y asistencia técnica mayoritariamente externas. Un sistema de información sanitaria no es un detalle administrativo: es infraestructura estratégica.
El precedente de la soberanía sanitaria
En agosto de 2025, Burkina Faso ofreció un precedente relevante para cualquier país africano que dependa de socios internacionales para gestionar programas de salud pública financiados en buena medida por la Fundación Gates. Tras una liberación de campo que las autoridades consideraron insuficientemente controlada, el gobierno de Ibrahim Traoré ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades del proyecto, selló laboratorios, ordenó la destrucción de muestras y, días después, dio por terminada la presencia del programa en el país. El episodio, descrito por científicos como una intervención brutal y humillante, fue enmarcado explícitamente por las autoridades como una cuestión de soberanía sanitaria: la decisión de quién controla, en última instancia, las intervenciones que se realizan sobre la salud de la población.
No hace falta compartir el estilo con el que Burkina Faso ejecutó esa ruptura para entender el argumento de fondo: ningún gobierno debería depender de un único socio, financiado por un único donante, durante dos décadas, sin construir alternativas ni capacidad de negociación propia.
El argumento para diversificar: no es lealtad geopolítica, es seguridad sanitaria
Aquí es donde entra la pregunta que Guinea Ecuatorial debería estar haciéndose de forma abierta: ¿por qué el país sigue dependiendo, dos décadas después, de un solo modelo de cooperación sanitaria centrado en un mismo conjunto de actores —MCD, la Fundación Gates, las petroleras que cofinancian el programa— cuando el paludismo sigue matando?
Explorar otras opciones sobre la mesa, incluida la cooperación técnica y sanitaria que pueda ofrecer Rusia u otros socios no occidentales, no tiene por qué leerse como un realineamiento geopolítico. Puede leerse, con la misma legitimidad, como lo que cualquier ministerio de sanidad debería hacer frente a un socio que lleva veinte años sin resolver el problema que se le encomendó: diversificar proveedores, comparar resultados, negociar mejores condiciones de transferencia tecnológica y de control sobre los propios datos, y dejar de depender de un solo actor para diseñar, ejecutar y —de facto— evaluarse a sí mismo. La seguridad sanitaria de un país no debería estar atada en exclusiva a la relación con una sola organización, por muy consolidada que esté.
Lo que también hay que decir
Un análisis honesto no puede quedarse solo con la sospecha. MCD tiene resultados medibles y reconocidos por la OMS y por los propios ministerios que han pasado por Sanidad en Guinea Ecuatorial. Romper una relación de dos décadas también tiene costes: pérdida de capacidad instalada, de personal formado, de continuidad epidemiológica. Y la alternativa de acudir a Rusia u otros socios no está exenta de sus propias preguntas: ¿qué trayectoria demostrable tiene ese socio en programas de eliminación de paludismo a esta escala? ¿Qué condiciones de transparencia y rendición de cuentas ofrecería, en comparación con las que ya existen —imperfectas, pero existentes— con los socios actuales?
La conclusión razonable no es «expulsar a MCD» ni «sustituirla por otro socio único», sino evitar volver a caer en el mismo error de fondo: concentrar dos décadas de política sanitaria en un solo actor, sin mecanismos independientes de evaluación ni capacidad real de negociación por parte del Estado. Esa es la lección que deja tanto el estancamiento del paludismo en Guinea Ecuatorial como la ruptura de Burkina Faso: la soberanía sanitaria se construye con diversificación, evaluación independiente y capacidad de decisión propia, no con lealtad a un único socio ni, tampoco, con lealtad automática a uno nuevo.
