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Lectura: El Ministerio de Transportes lleva décadas sin cumplir su obligación de crear transporte público
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Portada » Blog » El Ministerio de Transportes lleva décadas sin cumplir su obligación de crear transporte público
Sociedad

El Ministerio de Transportes lleva décadas sin cumplir su obligación de crear transporte público

Porunaguineamejor
Ultima actualización 29 de julio de 2026 8:25 pm
Porunaguineamejor - Sr.Obiang
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La crisis de combustible en Malabo solo ha vuelto a exponer un vacío estructural: Guinea Ecuatorial sigue sin flota estatal de autobuses pese a que la ley se lo exige al ministerio desde hace años.

Guinea Ecuatorial no dispone de una flota estatal de autobuses. No hay líneas regulares gestionadas o subvencionadas por el Estado ni en Malabo, ni en Bata, ni en ninguna otra ciudad. La movilidad de la población descansa casi por completo en taxis privados y en los “100-100”, esos taxis colectivos informales que cubren una función que, por definición, corresponde al poder público. No se trata de una carencia de infraestructura pendiente de financiación ni de un problema técnico complejo. Se trata del incumplimiento prolongado de una responsabilidad institucional que recae, de forma inequívoca, en el ministerio que lleva la palabra “Transportes” en su propio nombre.

El ordenamiento jurídico atribuye al departamento ministerial encargado de esta materia —hoy el Ministerio de Estado de Transportes, Telecomunicaciones y Aviación Civil, dirigido por Honorato Evita Oma— el deber de diseñar, regular, promover y garantizar un sistema de transporte público accesible, fiable y eficiente. No es una recomendación de buenas prácticas ni un objetivo aspiracional para un plan a largo plazo. Es una obligación tan básica como que Sanidad garantice atención médica o que Educación garantice aulas. Y esa obligación lleva años sin materializarse.

La actual crisis de combustible no es la noticia. Es solo el disparador que vuelve a poner sobre la mesa este incumplimiento. Cada vez que escasea la gasolina, las calles de Malabo se vacían, los trabajadores no llegan a sus puestos, los enfermos no alcanzan los hospitales y los niños no llegan a la escuela. Un sistema de movilidad sostenido enteramente sobre el transporte informal es, por naturaleza, frágil: basta con que falle un eslabón —el suministro de combustible— para que todo el tejido social se resienta.

Pero conviene no confundir el síntoma con la enfermedad. Aunque el suministro de gasolina se normalizara mañana mismo, el problema de fondo seguiría intacto. Guinea Ecuatorial continuaría siendo un país productor de petróleo sin flota estatal de autobuses, mientras varios de sus vecinos regionales cuentan con transporte urbano subsidiado o redes metropolitanas propias. El incumplimiento no depende del precio del combustible ni de la llegada de un barco cisterna. Depende de una decisión institucional que nunca se ha tomado.

Lo que corresponde exigir no es una solución de emergencia para la distribución puntual de gasolina. Ese reclamo es insuficiente porque no toca el problema real. Lo que corresponde exigir es el cumplimiento de la obligación pendiente: la creación de una flota estatal de transporte público que tenga prioridad garantizada en el suministro de combustible por su carácter de servicio esencial; que ofrezca tarifas asequibles y rutas estables, no sujetas a la lógica del mercado informal; que reduzca la dependencia estructural del transporte informal como única alternativa de movilidad; y que mejore de forma tangible la calidad de vida de la población.

Los planes de modernización del transporte que se han anunciado en distintos momentos deben dejar de ser promesas de discurso y convertirse en calendarios verificables, con fechas y responsables concretos. Mientras eso no ocurra, cada nueva crisis energética —y volverá a haberlas— expondrá exactamente el mismo vacío.

La ley no es ambigua sobre a quién corresponde esta responsabilidad. Tampoco lo es el tiempo transcurrido sin que se haya cumplido. Con el respeto que merecen las instituciones, pero con la firmeza que exige un incumplimiento tan prolongado, es legítimo pedir al Ministerio de Transportes que presente, en los próximos meses, un plan realista y un cronograma concreto para la creación de una flota estatal de autobuses públicos, comenzando por Malabo y Bata.

El derecho a la movilidad no es un favor que el Estado concede cuando la coyuntura lo permite. Es una obligación legal que, como tantas otras, sigue pendiente de cumplirse, con o sin escasez de gasolina de por medio.

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