Es hora de asumir la responsabilidad legal que la Constitución y las leyes otorgan al Ministerio frente a un servicio esencial que sigue sin existir.
Malabo, 20 de julio de 2026
La reducción de hasta el 80 % de la circulación de vehículos en Malabo por la grave escasez de gasolina no es solo una crisis de combustible: es el síntoma de un mal más profundo que llevamos décadas arrastrando. Guinea Ecuatorial no tiene un sistema público de transporte.
Y eso es una responsabilidad legal del Ministerio de Transportes, Telecomunicaciones y Sistemas de Inteligencia Artificial.
La ley que no se cumple
La legislación ecuatoguineana y el ordenamiento jurídico del país atribuyen al Ministerio de Transportes la obligación de diseñar, regular, promover y garantizar un sistema de transporte público accesible, fiable y eficiente para la población.
No es una opción. Es una obligación.
Sin embargo, Guinea Ecuatorial sigue siendo uno de los pocos países de la región que no cuenta con una flota estatal de transporte público. No hay autobuses públicos gestionados o subsidiados por el Estado que presten servicio regular en Malabo, Bata u otras ciudades importantes. Los ciudadanos dependen casi exclusivamente de taxis privados y “taxis colectivos” informales, que ahora también se ven paralizados por la falta de combustible.
¿Cómo es posible que un Estado productor de petróleo no sea capaz de garantizar movilidad básica a su población?
La vulnerabilidad del sistema
La ausencia de una red estatal de transporte público deja al país en una situación de vulnerabilidad extrema ante cualquier shock externo.
Cuando la gasolina escasea, todo se detiene. El trabajador no llega a su empleo. El enfermo no llega al hospital. El niño no llega a la escuela. La economía se paraliza.
No es un problema de distribución de combustible. Es un problema de ausencia de infraestructura estatal.
Mientras otros países de la región cuentan con flotas de autobuses urbanos, trenes metropolitanos o sistemas de transporte subsidiados, Guinea Ecuatorial sigue dependiendo de un sistema informal que colapsa al primer golpe.
Lo que la ciudadanía exige
No se trata solo de resolver la distribución de gasolina a corto plazo. Se trata de cumplir con la obligación institucional de crear una flota estatal de transporte público que:
· Funcione con prioridad en el suministro de combustible.
· Ofrezca tarifas asequibles y rutas estables.
· Reduzca la dependencia del transporte informal.
· Mejore la calidad de vida de los ecuatoguineanos.
Las promesas y planes anunciados de modernización del transporte público deben pasar de los discursos a la acción concreta. La ciudadanía no puede seguir esperando mientras cada crisis energética paraliza el país.
Una pregunta que no puede esperar
La ley no es ambigua. La necesidad es urgente.
La ciudadanía exige, con el respeto que merecen las instituciones pero con la firmeza que demanda la situación, que el Ministerio de Transportes asuma plenamente su responsabilidad legal y presente en los próximos meses un plan realista y un cronograma concreto para la creación de una flota estatal de autobuses públicos, empezando por las ciudades de Malabo y Bata.
El derecho a la movilidad no es un favor: es una obligación del Estado.
Un ciudadano ecuatoguineano preocupado por el bienestar colectivo
Por Una Guinea Mejor – Informar es proteger.
